El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del Ayuntamiento de Málaga está pendiente de recibir en los meses de enero y febrero las órdenes de alzamiento judicial correspondientes a 50 casos de ocupación ilegal de viviendas de protección oficial (VPO) en alquiler dentro del término municipal, después de que los casos fueran puestos a disposición de los tribunales entre los años 2008 y 2009. Cuando se reciban las preceptivas órdenes de los juzgados, se procederá al desalojo de las personas que actualmente ocupan estas viviendas de forma irregular, según explicó ayer el concejal de Vivienda, Diego Maldonado.
Los casos denunciados en su día (30 corresponden a este año y 20 a ejercicios anteriores) corresponden en gran parte al perfil de familiares que han continuado viviendo en la VPO después de que la persona beneficiaria del alquiler –por ejemplo, un abuelo– haya fallecido. Maldonado recordó que, en la mayoría de las ocasiones, la “negociación amistosa” entre el Ayuntamiento y los ocupantes se resuelve de forma satisfactoria, de tal forma que la vivienda queda desalojada sin llevar el asunto a los juzgados y puede pasar a disposición de cualquiera de las familias apuntadas en la lista de espera del IMV.
Sólo cuando la negociación se revela como infructuosa, el Área de Vivienda se ve obligado a trasladar el asunto a los tribunales, como en el caso de los 50 casos mencionados. Se da la circunstancia, además, de que estas personas no pagan además nada, ya que no son tampoco inquilinos titulares del alquiler.
El concejal malagueño aclaró que ninguna de las órdenes judiciales de desalojo responde a un caso de impago, entre otras cosas porque el Ayuntamiento de Málaga estableció hace unos meses un sistema de negociación para que las personas más afectadas por la crisis económica puedan aplazar parte del pago en espera de mejorar su situación.
Impagos no penados. “Nunca vamos a ejecutar un desahucio de VPO por impago. Para esas situaciones hay planes personales de pago. Pero en el caso de ocupaciones ilegales, es la propia ley la que nos obliga a poner el caso en manos de los jueces para que decida. No hay que olvidar que un caso de este tipo afecta a las personas que tenemos en lista de espera, y que no pueden acceder a una vivienda que legalmente les corresponde”, apuntó Maldonado. Los casos pendientes están muy repartidos por toda Málaga, sin que haya ninguna promoción de VPO especialmente afectada.
Fuente: La Opinión de Málaga
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