El defensor del ciudadano, Francisco Gutiérrez, se ha reunido con el concejal de Vivienda, Diego Maldonado para dialogar sobre los criterios de exclusión de las más de 400 personas que habían sido agraciadas en el sorteo público celebrado en diciembre de 2006, para la adjudicación de viviendas protegidas en venta.La Oficina del Defensor ha recibido en los últimos días más de 80 quejas referentes a este asunto. La mayoría debidas a motivos económicos, es decir, no llegar a los 6.000 euros de ingresos mínimos. También ha habido quejas por el criterio referido al cumplimiento de dos años de empadronamiento en nuestra capital.

Como resultado de la reunión, el Instituto Municipal de la vivienda contestará cada una de los recursos planteados, así como exigirá un informe jurídico que dictamine si este requisito de empadronamiento debe ser cumplido por todos y cada uno de los solicitantes (matrimonio, parejas de hecho, etc.) o es suficiente con que uno de los solicitantes cumpla los dos años de empadronamiento.

Con relación a la mayoría de exclusiones, debidas a motivos económicos, el defensor del ciudadano, ha expuesto que el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003/2007 no contempla la exigencia de acreditar unos ingresos mínimos por parte del solicitante de la vivienda, por lo que, según Francisco Gutiérrez, “no tendrían que ser exigibles”. No obstante, los responsables del Instituto, consideran que es un requisito que la ley les permite y en éste sentido está contemplado en el pliego de cláusulas que sirvió para la selección.

El defensor del ciudadano se ha comprometido a informar a los afectados.